RAQUEL BARREIRO C.

EL UNIVERSAL

Los cambios que propone realizar el presidente Chávez al artículo 112 de la Constitución, representan la base de la definitiva transición al modelo económico socialista que ha venido divulgando el gobierno.

En la actual Carta Magna se reconocen como derechos económicos de los venezolanos la posibilidad de "dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución, y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social".

Sin embargo, en el proyecto presentado por Chávez ante la Asamblea Nacional, se elimina totalmente el reconocimiento de este derecho en el artículo 112.

También se elimina la obligación que había contraído el Estado por vía constitucional de "promover la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país".

De aprobarse los cambios recientemente planteados a la Carta Magna, el Estado se encargará en el futuro de "fomentar y desarrollar distintas formas de empresas y unidades económicas de propiedad social, tanto directa o comunal como indirecta o estatal, así como empresas y unidades económicas de producción y/o distribución social, pudiendo ser éstas de propiedad mixta entre el Estado, el sector privado y el Poder Comunal, creando las mejores condiciones para la construcción colectiva y cooperativa de una economía socialista".

Estos argumentos constituyen sólo la base de lo que se espera posteriormente sea especificado en leyes y reglamentos.

José Vicente Haro, profesor de derecho constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), señala que las libertades económicas que actualmente se consagran son los fundamentos para que una persona establezca la empresa o negocio en el área que quiera. Sin embargo, "al observar esta modificación pareciera que el Estado va a planificar la economía y establecer el modelo al que se deben orientar las empresas".

Aclara que los derechos económicos están contemplados en los tratados internacionales que ha firmado la República, y que además los artículos 22 y 23 de la Constitución siguen brindando protección en esta materia a los venezolanos.

Chávez insistió en el Aló Presidente del pasado domingo, en que la reforma que plantea reconoce la propiedad privada "sobre bienes de uso y de consumo, y medios de producción".

Sin embargo, al leer todos los artículos que se propone cambiar, relacionados con la materia económica, "queda claro que no se incentivará la iniciativa privada, sino que se enfocará la promoción de la propiedad social y pública".

Haro asegura que "queda sólo un reconocimiento precario de la propiedad privada y de las libertades económicas. Con la propuesta estos conceptos no tienen la misma fuerza y valor, y se logra condicionar por diversas vías a las empresas. Se busca dar al Estado más intervención, regulación y control sobre las empresas".

Para entender en toda su complejidad los cambios que se plantean hacer a la Constitución en materia económica es necesario leer la redacción de varios artículos como lo son: 112, 113. 115, 302, 305 y 307.

En estos apartados se señalan cuáles son los límites para el desarrollo de la actividad productiva privada y cuáles son los beneficios que se dará a la estructura económica socialista, basada en empresas colectivas, comunales, cooperativas o mixtas.

El profesor en derecho constitucional de la UCAB explica que bajo este nuevo marco se brinda una seguridad jurídica precaria a cualquier inversionista nacional o internacional que estuviera interesado en el país.