ERNESTO J. TOVAR
EL UNIVERSAL
A principios de esta década se anunció el Plan
de la Nación 2001-2007 del gobierno de Hugo Chávez,
que explicaba que "el equilibrio económico y la reactivación
del aparato productivo son requisitos para una mejor distribución
del ingreso (¿) El cambio estructural de una economía
rentista a otra de tipo productivo permitirá
mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos". El optimista
enunciado gubernamental aseguraba que ese cambio se lograría
"dándole un gran impulso a la industria, la agricultura,
el comercio, el turismo y la construcción de infraestructura".
A siete años del Plan (y en total nueve de Gobierno
bolivariano), la realidad industrial del país dista mucho
de ser un pilar del desarrollo en los cinco equilibrios (económico,
social, político, territorial, internacional) que propuso
Hugo Chávez en 2001, pues las empresas privadas se desempeñan
en medio de grandes incertidumbres y restricciones; y las
iniciativas públicas no despegan por el naufragio entre
la ineficiencia, la corrupción y la escasa rendición
de cuentas.
Cooperativas improductivas
El incentivo a las pequeñas y medianas industrias;
y la creación de una clase empresarial de corte social
mediante cooperativas debían ser puntas de lanza del Gobierno
para lograr el crecimiento.
Desde 2001 se ha incentivado la formación de cooperativas.
Y desde 2004 existe la otrora misión Vuelvan Caras (ahora
misión Che Guevara) dedicada exclusivamente a la formación
de cooperativistas que han recibido asignaciones mensuales
del Gobierno para los lanceros que componen la misión,
así como financiamiento de 2004 a 2006 por un billón
de bolívares (un millardo de bolívares fuertes)
para todas las cooperativas, de acuerdo con los balances anuales
anunciados por el Ejecutivo.
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El examen oficial a la gestión de las cooperativas demuestra
que estas asociaciones no han significado el resurgir del
aparato productivo porque se dedican principalmente a los
servicios. A esto se suma una poca rendición de cuentas.
De acuerdo con cálculos del Ejecutivo nacional, hay
unas 200.000 cooperativas registradas en todo el país.
De ese total, apenas 47.000 asociaciones (23,5% de las existentes)
acudieron al Censo de 2006, que fue realizado para conocer
la situación del sistema cooperativo y sus aportes al
aparato productivo.
De las cooperativas que informaron al Gobierno sobre su desempeño,
67% (31.486) no producen, incluyendo las creadas desde 2003
(cuando arrancó Vuelvan Caras), según un informe
del Instituto Nacional de Estadística.
El objetivo del cooperativismo de acelerar el proceso productivo
no se ha cumplido, pues los datos del Censo indican que 74,5%
de las asociaciones se dedican a las actividades de servicio:
23,2% trabaja en comercio, 22,3% en servicios comunales, 18,7%
en trabajos agrícolas complementarios, y 11,2% en servicios
a la construcción.
Las cooperativas de Vuelvan Caras I y II (hasta mediados
de 2007 unas 5.800 asociaciones) tampoco cumplen la premisa
de aporte productivo, pues el informe indica que "sólo
49% (2.370 asociaciones) son cooperativas activas con producción
o servicios". Cerca de 76% de llamados "lanceros" se dedican
a los servicios, principalmente comercio y servicios comunales.
El resto, 24%, produce bienes, manufacturas y agricultura.
En cuanto al financiamiento, anunciado siempre como una de
las bondades de la política gubernamental, se calculó
que solamente 14% de las cooperativas censadas (unas 6.580)
han recibido soporte financiero de la banca pública o
privada. De esta porción de asociaciones con créditos
y recursos frescos, apenas unas 3.300 cooperativas han sido
fiscalizadas.
Las EPS prometidas
El Plan de la Nación 2001-2007 expone que es necesaria
la diversificación industrial para que sostenga la política
fiscal. Sin embargo, cuando el Gobierno bolivariano pudo aprovecharse
del boom petrolero de esta década, decidió que el
control y gestión del Estado (o cogestión con los
trabajadores) en el sector industrial era el camino a transitar,
gracias a los millardos de dólares en las cuentas a discreción
del Ejecutivo.
Desde 2004 se ha anunciado la creación de 7 Empresas
de Producción Social (EPS) en el sector agroalimentario,
así como al menos unas seis empresas emblemáticas
en cogestión (una papelera, una textilera, una tomatera,
una siderúrgica y un central azucarero en Sucre).
Sin embargo, con dificultades, aparentes luchas internas
y denuncias de los trabajadores han iniciado operaciones la
Industria Venezolana Endógena de Válvulas (Inveval)
y la Industria Venezolana Endógena del Papel (Invepal),
luego que fueran expropiadas en 2005. También arrancó
a finales de 2007 la tomatera Caicara, en Monagas.
Invepal ha transitado problemas y "desórdenes administrativos",
como determinó una auditoría del Ejecutivo. Se detectaron
pérdidas por Bs 300 millones por "malos manejos y fallas
de control", falta de inventarios en los depósitos y
falta de pago de las cotizaciones del Seguro Social y de la
Ley de Política Habitacional, recursos que no eran transferidos
a los entes de Seguridad Social oficiales.
No obstante los resultados, el Gobierno proyecta unas 13
EPS más para el sector alimentos.