MAYELA ARMAS H.

EL UNIVERSAL

En el Plan de Desarrollo Económico y Social a ejecutar en seis años se establece que el Estado conservará el control de aquellas actividades que sean de valor estratégico, por lo cual a lo largo del ejercicio se tienen que incrementar las inversiones en esas áreas. En el detalle del programa especial se considera fundamental la inyección de fondos en la producción de insumos para la construcción.

El Gobierno, a través de las creaciones de plantas y compras de compañías, empieza a extender su dominio sobre la fabricación de materiales para la realización de obras de infraestructura y soluciones habitacionales. El control se observa mediante la nacionalización de las cementeras y una siderúrgica, la adquisición de canteras e instalación de plantas de producción de cemento y bloqueras.

En gran medida la producción de insumos está en manos del sector privado, pero el Gobierno está dispuesto a ampliar su participación en la fabricación de materiales, en una etapa en la cual se registran fallas con el abastecimiento de algunos productos clave en la realización de obras de infraestructura.

Los intentos del Ejecutivo por ejercer el control en la realización de materiales comenzó en 2006. En ese año a través de la CVG (Corporación Venezolana de Guayana) se creó la Empresa de Producción Social para la producción de insumos de la construcción y la cementera Cerro Azul, que se hace en el marco del convenio con Irán.

En el caso de la EPS de insumos su objetivo es generar los materiales que se usan en la realización de viviendas. La Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias Básicas y Minería de 2007 refleja que esa EPS se encuentra en la fase preoperativa, las inversiones previstas en el Fonden (Fondo de Desarrollo Nacional) no se han desembolsado en su totalidad y los recursos que sí se han erogado se han empleado en las primeras fases de las plantas que se encargarían de la extracción y transformación de arena.

La cementera Cerro Azul, ubicada en el estado Monagas, también se programó en 2006 y según el Mibam hasta el pasado año la obra había registrado un avance lento por los problemas presupuestarios.

Esos retrasos en parte explicarían la decisión de que más allá de instalar plantas, se compren empresas. En 2007 el Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda realizó la compra de canteras para la extracción y transformación de piedra y asumió el control de Cemento Andino, luego de la declaratoria de utilidad pública autorizada por la Asamblea Nacional.

Estas acciones de 2007 se ampliaron con las medidas tomadas el pasado mes de abril.

El primer mandatario anunció la nacionalización de las cementeras Cemex, Holcim y Lafarge. Ese proceso implica la creación de empresas mixtas en las que el Estado tendría una participación no menor de 60%. Y con esas compras, el Gobierno controlaría cerca de 90% del mercado de cemento.

El dominio del cemento se complementa con la compra de Sidor. Mediante la nacionalización de la empresa siderúrgica gran parte de la producción de acero está en manos del Estado.

La decisión de seguir realizando adquisiciones se mantiene cuando recientemente la titular del despacho de la Vivienda, Edith Gómez, manifestó que se tenía previsto crear un gran complejo de producción de insumos para la construcción.

Para constituir ese complejo se comprarán empresas y se desarrollarán nuevas plantas. En ese sentido, se tiene previsto adquirir otras canteras y diseñar instalaciones para la producción de concreto. Ello se complementaría con el montaje de otra planta de cemento en el estado Lara y el incremento de la producción de Cemento Andino mediante la adquisición de molineras de Irán.

Más allá de cubrir agregados, concreto y cemento, los acciones se extenderán a la producción de bloques. Uno de los objetivos que se contempla mediante el acuerdo con Belarús es la creación de una planta productora de bloques de arcilla y demás productos en el estado Miranda. Para ello se espera la declaratoria de utilidad pública de las minas de arcilla de la zona.