ESTACIONADOS El estimado se acerca a las 18 mil unidades. Es decir, 18 mil vehículos esperando en la aduana de Puerto Cabello la oportunidad de regularizar su situación para poder ingresar a este mercado de ávidos consumidores, poca oferta y altos precios. Y nuevamente -advierten en la Cámara Venezolana Automotriz- en las divergentes interpretaciones de las normas referidas a las licencias de importación está el origen de un problema que amenaza con hacerse aún más complicado.

Mientras tanto, explica el director general de Cavea, Carlos Guevara Solano, "las empresas están colocando los vehículos bajo régimen aduanero in bond. Esto quiere decir que los guardan en bodegas sin nacionalizarlos a la espera de que se resuelvan las cosas. Pero el bodegaje en Venezuela tiene un costo de entre 10 y 40 dólares diarios por unidad".

La licencia de importación es un requisito que se exige desde el primero de enero de este año. Es el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio el encargado de su expedición y -según la óptica del negocio automotor- ha causado inconvenientes desde su estreno.

Durante las primeras semanas del año hubo complicaciones con los vehículos que llegaron en diciembre de 2007 y arrancaron sus procesos de nacionalización un mes más tarde. Pese a que la Gaceta Oficial número 38.826 explica claramente que las licencias se exigirían a partir del 1 de enero, funcionarios de la aduana de Puerto Cabello -por donde arriba la mayoría de las marcas- decidieron aplicar la norma con cierto efecto retroactivo.

Todavía hay casos en tribunales, como el del lote de 33 Citroën que fueron declarados por la aduana en estado de abandono legal y terminaron en manos de la vicepresidencia de la República. Y otros, como el de las 125 unidades marca Volkswagen que también fueron a parar a la vicepresidencia y que podría terminar resolviéndose mediante arbitraje internacional.

Los nuevos hechos tienen que ver con la propia concepción de las licencias de importación: su validez se concibió de acuerdo con el año calendario, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, dividida en cupos trimestrales. En otras palabras, por cada trimestre los importadores están autorizados para traer un número determinado de carros que representan una cantidad precisa de dólares. Y aquí es donde comienzan los enredos que tienen a esos 18 mil motores reposando en el puerto carabobeño y engordando las arcas de los almacenadores.

Agendas incompatibles Para este año, el Milco otorgó 123 mil licencias distribuidas entre todas las empresas automotrices. Señala Guevara Solano que los representantes del sector le advirtieron al Milco que el calendario de la industria es distinto: a mitad de 2008 de las plantas salen para el mundo los modelos correspondientes al año 2009. ¿Qué hacer entonces si las licencias se refieren sólo a modelos del año de vigencia? "En el Milco nos dijeron que eso se solucionaría a su momento", explica el director de Cavea.

Pero no fue así: "En la aduana te dicen que esas licencias corresponden a vehículos del año y te indican que vayas al Milco a que te las corrijan. Eso hicimos. En el Milco pidieron todas las licencias originales y pasaron casi dos meses con los documentos, sin devolverlos para al menos intentar seguir el trámite. Apenas la semana pasada el Milco devolvió las licencias, pero resulta que no las corrigió. De hecho, dijeron que no lo iban a hacer".

Guevara Solano aclara que todas las marcas están pasando por lo mismo: "Ahora vendrá la pelea de las interpretaciones, porque hay que hacerles entender que se trata de año/modelo y no de año/calendario. Son vehículos cuyo año de fabricación es 2008, pero su modelo es 2009. Siempre en Venezuela se ha hecho la presentación de los nuevos modelos entre el tercero y cuarto trimestres".

La situación no sólo acarrea consecuencias para la gente del negocio: la realidad es que los inventarios de autos importados disminuyen mientras aumenta la cantidad de unidades almacenadas bajo el régimen in bond: "Eso te permite mantener la mercancía sin nacionalizar. Está físicamente en Venezuela, pero no legalmente, mientras resuelves la situación".

En líneas generales, al presentar los lotes ante la aduana el importador tiene cinco días para entregar toda la documentación exigida. En el caso de que haya algo errado o por corregir, se le da un plazo de 30 días. Pero si ese lapso transcurre sin que se complete el papeleo, aparece la figura del abandono legal. Y -luego de un procedimiento muy bien definido- la mercancía, en este caso los carros, puede terminar adjudicada a alguna dependencia del Estado o a compradores privados si es que se convoca a la subasta de rigor.

Sí, pero no Eso, que puede parecer bastante, no es todo. La distribución trimestral de cupos de importación también ha causado problemas. "Todas las empresas deben indicar en qué trimestre llegarán los barcos con los automóviles. Eso permite una planificación en la entrega de divisas y en el control de aduana y almacenaje", detalla Guevara Solano: "Pero en el sector las unidades que se piden tienen un proceso de producción y embarque que puede llegar a seis meses. Por otra parte, es común que por eventos a lo largo del viaje por mar la mercancía no llegue en las fechas exactas o que la cantidad no sea la incluida en la licencia debido, por ejemplo, a asuntos de distribución de las plantas o a variaciones en la cotización internacional del dólar".

Asuntos como esos pueden ocasionar situaciones engorrosas como que en lugar de 1.500 unidades lleguen 1.100 y el importador intente incluir las 400 faltantes en el próximo trimestre. O que el barco que se esperaba para finales de junio toque puerto el 1 de julio. En ambos casos suele suceder que la aduana termine considerando como contrabando los vehículos. "Si no te permiten pagar los derechos aduaneros los tipifican como contrabando y te los pueden decomisar. Si pagaste en aduana, entonces lo que se da es una confiscación, que es lo que ha venido ocurriendo y por eso, en algunos casos, el Seniat ha tenido que devolver unidades decomisadas".

Guevara Solano resume la situación: "Hay una interpretación arbitraria de la regulación. Lo que a veces se exige en Puerto Cabello, en otras aduanas no lo hacen".

En abril los importadores confiaban en que todo había quedado claro. El entonces viceministro de Comercio Exterior (despacho del Milco) dirigió una comunicación al intendente nacional de aduanas, Rafael Mata, en la que -saludo bolivariano y revolucionario mediante- le solicitaba implementar un mecanismo en todas las aduanas para agilizar el proceso que ya se estaba empantanando.

Entre otras cosas, le pedía: "Permitir que el año de fabricación o el año del modelo del vehículo esté comprendido entre 2007 y 2009, ambos inclusive", "Permitir la posibilidad de mínimas discrepancias en el modelo o versión del vehículo entre lo especificado en la licencia y los demás documentos de importación" y "que unidades se posterguen para trimestres consecutivos, lo que no se permite es lo contrario".

"Eso se acordó, fue producto de mesas técnicas sobre el tema. Así que el Milco nos estaba diciendo que sí podíamos traer los vehículos con esas licencias", apunta Guevara Solano. Pero en la práctica no ha sido así. Y Cruz Manuel Martínez, de paso, dejó el viceministerio. Se especula que quizás haya sido por haber redactado esa comunicación. Pero es sólo rumor. En el despacho que antes ocupaba indican que el funcionario -que había asumido el 22- renunció al cargo y están a la espera del nuevo titular.

Lo que se vislumbra es el desarrollo de una situación cada vez más compleja y en la que aumentan los casos a pelearse en tribunales. "Lo que nos toca es convencer a la gente del Milco de que se está interpretando de forma inadecuada el tema de las licencias y que entiendan que los errores materiales relacionados con esto no pueden ser atribuibles a la industria".

ommedina@eluniversal.com